Esta Directiva obligará a los Estados Miembros de la UE aceptar facturas electrónicas en los contratos públicos. Estas facturas electrónicas tendrán que ser conformes con una norma europea para el modelo de datos semánticos destinado a los elementos esenciales de una factura electrónica (es decir, sobre qué información debe contener la factura) y con un número limitado de sintaxis (es decir, de normas sobre cómo escribir esa información).
La Directiva encarga al organismo de normalización europeo pertinente la elaboración de esta norma europea para el modelo de datos semánticos destinado a los elementos esenciales de una factura electrónica y de esta lista de sintaxis.
El plazo máximo para la entrada en vigor de esta obligatoriedad se extiende hasta el 27 de noviembre de 2018 para las administraciones centrales y hasta el 27 de noviembre de 2019 para las administraciones territoriales.